La reciente directiva de la Fiscalía General de la Nación, en manos de Luz Adriana Camargo, marca un preocupante giro en el manejo de las protestas en Colombia. Lo que inicialmente parece ser un reconocimiento al derecho legítimo de la ciudadanía a manifestarse, en la práctica abre una puerta peligrosa para que actos delictivos durante estas movilizaciones queden prácticamente impunes.

El mensaje es claro: las restricciones para las autoridades son más severas que las consecuencias para los manifestantes que deciden violar la ley.

La eliminación del delito de concierto para delinquir y las “licencias” para obstruir vías, insultar a la Fuerza Pública o incluso cometer actos de vandalismo como parte de la protesta, crean una narrativa que legitima la violencia en las calles.

Este enfoque ignora que la protesta no puede ser un cheque en blanco para la comisión de delitos, ni debe eximir de responsabilidades a quienes, amparados en el descontento social, causan daños irreparables a la infraestructura y a la convivencia ciudadana.

Lo más preocupante es el debilitamiento de la autoridad estatal. La Fuerza Pública, encargada de mantener el orden y proteger los derechos de todos, queda atada de manos bajo esta directiva. Al limitar el uso de mecanismos disuasivos y establecer un enfoque garantista que favorece a los infractores, se le deja en una posición vulnerable, no solo ante el caos de las manifestaciones, sino también frente a posibles sanciones judiciales por intentar ejercer su labor.

Además, la justificación de que los delitos cometidos durante las protestas responden a “ánimos exacerbados” normaliza una cultura de la impunidad. Esta visión supone que cualquier transgresión puede ser disculpada bajo el velo de la emoción del momento, lo que pone en entredicho el principio de responsabilidad individual.

El presidente Gustavo Petro ha sido claro en su intención de despenalizar las acciones de la primera línea, pero ¿a qué costo? Si la directiva permite insultar a la Policía, bloquear calles y generar desórdenes con pocas o nulas consecuencias, ¿qué mensaje estamos enviando a los futuros movimientos de protesta?

El derecho a la manifestación debe ser defendido, pero no puede pasar por encima del respeto a la ley y al bienestar del resto de la sociedad.

El país necesita urgentemente un equilibrio. Si bien es imperativo proteger el derecho a la protesta, este debe ejercerse dentro de los límites del respeto por los derechos de los demás. Con esta directiva, se corre el riesgo de erosionar la confianza en las instituciones y fomentar un escenario donde la violencia y el caos prevalezcan sobre el diálogo y el entendimiento.

Si no se toman medidas para revisar este enfoque, Colombia podría estar al borde de una escalada de conflictos en las calles, con autoridades que no pueden actuar y ciudadanos comunes atrapados en medio del desorden.

 El camino libre a la violencia, trazado por esta directiva, es una senda peligrosa que amenaza con fracturar aún más la ya debilitada estructura social del país y convertir las calles en zonas donde la impunidad se haga más fuerte en escenarios como disturbios, pedreas o manifestaciones desbordadamente violentas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion