

Hay que leer atenta y profundamente el siguiente párrafo de la Defensoría del Pueblo: “la acción inmediata y coordinada de los entes gubernamentales es determinante para frenar lo que está ocurriendo y construir un entorno seguro y digno para las poblaciones ahora mismo perjudicadas”.
Ese reclamo surge de la alerta temprana que el organismo emitió para advertirle al país el peligroso escenario de violencia generado en Cúcuta, Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario por la guerrilla del Eln, el Ejército Gaitanista y la veintena de bandas criminales que delinquen la zona.
Quienes residen en el área metropolitana creerían que el gobierno del presidente Gustavo Petro de inmediato iba a reaccionar y desplegar al Estado para rescatar de la crisis de inseguridad y de graves problemas socioeconómicas a la región, pero lastimosamente no se ha movido una hoja en la Casa de Nariño para venir en nuestro auxilio.
Causa extrañeza que en la red social X, que es la preferida del presidente, no aparezca ni una palabra ni una línea de texto para referirse al riesgo que corre esta importante zona en la frontera con Venezuela.
O sea que se está desoyendo el pedido de una “acción inmediata” que a su vez significa un desaire y una desatención absoluta por parte del Ejecutivo a esta notificación, como si no comprendieran que aquí hay una mezcla de situaciones que han llevado a estar en el centro del conflicto armado.
Por eso hay que destacar la actuación de la Defensoría en busca de protección de miles de hogares de esta parte de Norte de Santander con la sugerencia de adoptar 39 recomendaciones por parte de los instituciones gubernamentales que incluyen respuesta rápida, disuasión del contexto de amenaza, prevención y protección urgentes, atención humanitaria integral e investigación y fortalecimiento del acceso a la justicia.
Nosotros también somos Colombia, merecemos que se haga hasta lo imposible desde las acciones policiales y militares operativas, de inteligencia y de aplicación de la ley para salir de esa lista de las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo y que simultáneamente haya una intervención estatal para que llegue a la región la institucionalidad con sus programas para sofocar el desempleo, la informalidad, la pobreza, el hambre, entre otros.
Ojalá una copia de la alerta temprana 027 les haya llegado a los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Transporte, María Constanza García, o a los congresistas del Pacto Histórico Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, todos de Norte de Santander, para ver si se conmueven y le piden a Petro que haga algo y, pronto, para rescatar del abismo de la inseguridad a la región y activar un plan de choque económico y social para el departamento.
Pero igualmente el gobernador William Villamizar y los alcaldes metropolitanos deberían conversar con el jefe de Estado para activar los procedimientos sugeridos por la Defensoría del Pueblo par enfrentar la emergencia de seguridad que se está viviendo en el área metropolitana de Cúcuta.
De lo contrario, será entonces la misma comunidad nortesantandereana la que, como víctima, mediante la tutela y la denuncia reclame ante los organismos internacionales la protección frente al ataque de los grupos armados ilegales y la desatención del Estado, teniendo como base la alerta AT027.
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