El Sistema General de Participaciones (SGP) es el principal mecanismo de transferencia de recursos del Gobierno Nacional hacia las entidades territoriales, con el propósito de financiar educación, salud y otros servicios básicos esenciales. Sin embargo, las actuales propuestas de acto legislativo 437/2024C y 018/2024S, aunque intentan saldar la deuda histórica de descentralización, plantean interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de gestión de los territorios. ¿Estamos ante una oportunidad histórica para modernizar el sistema o frente a un escenario que podría comprometer el futuro fiscal del país?
Si bien esta reforma busca promover una mayor equidad territorial y proveer recursos adicionales para atender las necesidades locales, su diseño actual carece de una estrategia sólida que garantice sostenibilidad fiscal y eficacia en la ejecución. Sin una planificación adecuada, los riesgos de sobreendeudamiento y reducción de la inversión social podrían ser significativos.
La propuesta plantea aumentar gradualmente el porcentaje del Ingreso Corriente de la Nación (ICN) destinado al SGP, alcanzando el 39,5% en un periodo de 12 años. Este cambio comenzaría en 2027, tras la expedición de una Ley de Competencias que redefina las responsabilidades entre la Nación y los territorios. Aunque esta medida podría beneficiar a municipios de categorías 4, 5 y 6, y reducir las disparidades en regiones vulnerables, también implicaría un esfuerzo fiscal considerable.
Diversos actores, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Fedesarrollo y el Ministerio de Hacienda, han advertido sobre los riesgos fiscales de esta reforma. Se proyecta que la deuda neta del país podría alcanzar el 64,6% del PIB en 2038, superando el límite prudencial del 55%. Según un estudio del Banco de la República, un choque económico significativo podría llevar a una contracción del PIB de hasta el 15%, con fuertes caídas en el consumo privado (-27,3%) y la inversión privada (-43,4%). El gasto público presenta una alta rigidez: entre 2019 y 2023, el 83,6% del presupuesto del Gobierno Nacional Central estuvo preasignado por normas legales y constitucionales, y el SGP representó el 17,2% de ese gasto. Esta rigidez limita la capacidad de respuesta del Estado ante choques externos.
Por otra parte, las entidades territoriales enfrentan serias limitaciones en su capacidad de ejecución. En 2023, quedaron sin ejecutar $232.000 millones destinados a educación y $1,8 billones para salud. Además, entre 2009 y 2024, aproximadamente el 50% de los municipios estuvieron bajo medidas preventivas o correctivas debido a problemas de gestión presupuestal y tesorería. Este panorama evidencia la urgencia de fortalecer la capacidad institucional de los territorios. Un punto crítico del debate radica en las competencias que se transferirán a los territorios. Es fundamental reconocer la heterogeneidad de las realidades municipales y departamentales, así como sus capacidades institucionales. La tipología territorial debe ser un factor clave en el diseño de esta reforma, evitando enfoques homogéneos que ignoren las asimetrías y particularidades locales.
Adicionalmente, la reforma carece de una estrategia integral de generación de ingresos. Sin esta, el país corre el riesgo de recortar la inversión pública y aumentar la dependencia de ingresos tributarios en territorios con baja capacidad de recaudo. Este acto legislativo plantea una disyuntiva crucial: fortalecer la descentralización y garantizar más recursos para las regiones más vulnerables sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país. La solución no radica únicamente en aumentar los recursos del SGP, sino en implementar medidas que fortalezcan la gestión territorial, reduzcan las inflexibilidades del gasto y promuevan una mayor responsabilidad fiscal.
El debate sobre esta reforma debe ser riguroso, técnico y transparente, evitando soluciones cortoplacistas que hipotequen el futuro. No necesitamos promesas ilusorias ni edulcorantes "cantos de sirena". Estamos de acuerdo con las descentralizaciones, pero es el momento de actuar con realismo, cimentando un sistema que, lejos de tener pies de barro, se apoye en una base sólida y sostenible.
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