Ecopetrol decidió suspender temporalmente la venta de gas vehicular a 13 empresas distribuidoras para priorizar la generación de energía en las termoeléctricas del país. Se trata de una medida, en buena parte, consecuencia de una política gubernamental ideologizada y que desprecia la evidencia como fundamento en la toma de decisiones sobre el presente y futuro energético del país.
Además, la falta de lluvias y la consecuente reducción de los niveles en embalses (70% de nuestra matriz energética depende de las hidroeléctricas), ha obligado a la empresa a redirigir el gas hacia las termoeléctricas, con el fin de asegurar el suministro energético del país. Sin embargo, esta decisión, aunque necesaria desde una perspectiva técnica, puede desencadenar una serie de problemas sociales y económicos.
En primer lugar, es innegable que el gremio taxista será uno de los más afectados por esta medida. La mayoría de los taxistas dependen del gas vehicular para sus operaciones diarias, por tratarse de una opción más económica comparada con otros combustibles. La suspensión del suministro de gas no solo aumentará los costos operativos de los taxistas, sino que también podría traducirse en un incremento de las tarifas para los usuarios finales. Así se verá afectada una amplia base de la población que utiliza este servicio de transporte público diario.
La medida tendrá repercusiones en otros sectores que también dependen del gas vehicular, como el de los servicios de mensajería y entrega, que han visto un crecimiento significativo en los últimos años. Estos trabajadores, muchos de los cuales operan de manera independiente, también enfrentarán mayores costos, lo que producirá un aumento en los precios de los servicios que ofrecen.
Por otro lado, es importante considerar el impacto ambiental de esta decisión. Aunque las termoeléctricas son una solución a corto plazo para la generación de energía, su funcionamiento a base de carbón (19 plantas termoeléctricas funcionan con carbón en el país) aumentará las emisiones de gases que contaminan el aire. Esto contrasta con los esfuerzos globales y nacionales para reducir la huella de carbono y fomentar el uso de fuentes de energía más limpias y regenerativas.
El gas natural es el combustible a privilegiar para una transición energética exitosa en Colombia. Eso sí, manteniendo reducido al máximo los riesgos de fuga de metano en su explotación y transporte. Sin embargo, la decisión del gobierno de suspender la exploración y ponerle palos en la rueda a la explotación, pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector de gas.
Veamos: Según Ecopetrol, las reservas probadas de gas a 2022 se estimaban para 8,8 años. Reservas adicionales podrían extender en 2 años más la disponibilidad. Sin embargo, los descubrimientos recientes como campo Gorgón que, de ser explotado, puede aumentar 6 años más las reservas. El yacimiento Uchuva offshore tiene un potencial de adicionar 15 años. Sin embargo, la ausencia de una ley estatutaria que regule la consulta previa tiene en el limbo proyectos de interés nacional como la explotación de este campo. En definitiva, tenemos una oportunidad de garantizar la seguridad del abastecimiento de gas para los próximos 55 años. Como dice Sergio Cabrales, profesor de Economía de la Universidad de los Andes: “el problema no radica en falta de recursos, sino en la necesidad de desarrollar estos proyectos”.
La decisión de Ecopetrol de suspender la venta de gas vehicular para priorizar la generación de energía en las termoeléctricas es un reflejo de la importancia de trazar políticas energéticas de Estado con solución de continuidad porque la explotación de un yacimiento, por ejemplo, es técnicamente muy compleja, toma tiempo, significa riesgos y costos.
Estamos hablando de un interés nacional vital para Colombia. Avanzar hacia un sistema energético más diversificado y regenerativo, que dote al país de herramientas en resiliencia para superar con éxito la crisis energética y el cambio climático. La discusión sobre los no convencionales será materia de otro espacio.
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