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El reciclaje de la impunidad
No me sorprendería que ahora presenten la revocatoria de las sanciones los demás petristas que en su momento violaron la Constitución y la ley.
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Martes, 4 de Febrero de 2025

La reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de revocar la sanción impuesta a Alberto José Merlano Alcocer, tío segundo de la primera dama, generó debate. Sin embargo, lo realmente grave no es solo la exoneración de un allegado a la Casa de Nariño, sino lo que esta decisión deja entrever: el regreso del caso del fallido esquema de basuras de Bogotá, no para hacer justicia, sino para desatar una estrategia que busca absolver a todos los sancionados por sus propias faltas.

En el año 2011, cuando Gustavo Petro asumió la Alcaldía de Bogotá, implementó un nuevo esquema de recolección de basuras que no tuvo en cuenta el artículo 365 de la Constitución, la Ley 142 de 1994 y el régimen colombiano de protección de la competencia.

El esquema incluyó contratos entre la UAESP, la EAAB y su filial Aguas de Bogotá. Inicialmente, se alquilaron volquetas improvisadas y, posteriormente, se importaron vehículos compactadores viejos e inservibles desde EE.UU., además de adquirir nuevos compactadores que resultaron fallidos técnica y operativamente.

Hace poco recordábamos este episodio con los carrotanques de La Guajira, que, al igual que los camiones adquiridos por Petro en Bogotá, terminaron abandonados y deteriorándose sin cumplir su propósito. Una coincidencia que resulta, cuando menos, reveladora.

La gestión de recolección de basuras durante la administración de Gustavo Petro dejó las calles de Bogotá llenas de residuos. La ineficacia de la EAAB y Aguas de Bogotá fue tal que el gerente Diego Bravo tuvo que suplicar ayuda a las empresas privadas que habían sido arbitrariamente desplazadas, las cuales resolvieron la crisis en cuestión de horas.

El abogado Ricardo Felipe Herrera Carrillo, experto en contratación y servicios públicos, presentó el 27 de febrero de 2012 una denuncia ante la SIC por restricción indebida de la libre competencia en el esquema de recolección de basuras. Posteriormente, AseoCapital, Atesa, Limey Ciudad Limpiapresentaron quejas similares.

Con base en estas denuncias, la SIC, mediante la Resolución No. 14902 de 2013, inició una investigación y formuló cargos contra la UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá. Asimismo, se formularon cargos contra Nelly Mogollón, Henry Romero, Alberto José Merlano Alcocer, Diego BravoMario Álvarez, Gustavo Petro, Gerardo Ardila, María Mercedes Maldonado y José Rodríguez.

Mediante la Resolución 25036 de 2014, confirmada parcialmente por la Resolución 53788 del mismo año, la SIC determinó que la UAESP, la EAAB, Aguas de Bogotá y los mencionados funcionarios actuaron en contravención del artículo 1º de la Ley 155 de 1959, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución, la Ley 142 de 1994 y el régimen de competencia.

Como resultado de la responsabilidad decretada, se impusieron sanciones pecuniarias a todos los responsables. Por ejemplo, a la EAAB se le ordenó pagar $61.600.000.000, a la UAESP $17.864.000.000, a Alberto José Merlano Alcocer $240.240.000, a Diego Bravo $410.256.000, a Gustavo Petro $410.256.000 y a María Mercedes Maldonado $65.296.000.

Con la llegada de Cielo Rusinque a la SIC, se inició una estrategia para revocar las sanciones impuestas a los funcionarios de la administración distrital de Gustavo Petro. Esto se evidenció con la renuncia, en diciembre de 2024, de dos superintendentes delegados que no aceptaron las presiones de la superintendencia para que accedieran a revocar la sanción impuesta a Alberto José Merlano Alcocer, tío segundo de la primera dama.

El 17 de enero de 2025, la superintendente Rusinque revocó la sanción de Merlano Alcocer. Ese mismo día, la SIC envió la revocatoria al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como “fórmula conciliatoria” en el expediente del magistrado Giovanni Chaparro Rincón, quien lleva la demanda de nulidad contra las resoluciones sancionadoras de la SIC. El Tribunal solo cumplirá un trámite sin mayor oposición a la revocatoria decretada por Rusinque.

No me sorprendería que ahora presenten la revocatoria de las sanciones los demás petristas que en su momento violaron la Constitución y la ley, lo que traería como consecuencia la caída de la única sanción impuesta por este bochornoso caso que seguimos recordando cada vez que vemos los camiones pudriéndose.


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