La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió este lunes por tres años a un abogado vinculado a un fraude que desvió recursos del Sistema General de Participaciones en Putumayo, utilizado como fachada para pagos fraudulentos a docentes.
Esta suspensión se da en el marco de un caso que la Contraloría General de la República había detectado hace siete años, relacionado con el uso indebido de estos fondos en la región, y en el que se involucraron varios funcionarios públicos y particulares.
El abogado sancionado recibió pagos por un total de 47.080.860 pesos, supuestamente destinados a cubrir salarios adeudados a un profesor de la región.
Sin embargo, este docente había sido condenado por abuso sexual y se encontraba privado de su libertad, lo que hacía imposible que autorizara dicho trámite. A pesar de ello, el abogado gestionó el pago como si el docente hubiera solicitado el dinero.
El proceso disciplinario reveló que los documentos que sustentaban este pago eran falsificados, incluyendo firmas y sellos de una notaría que no coincidían con los registros oficiales.
Además, el profesor implicado, que nunca autorizó al abogado, fue claro en señalar que no había firmado ningún poder para gestionar el pago.
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El abogado alegó que fue engañado por una funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental, quien lo contactó para representar los intereses de los docentes. Aseguró que los pagos fueron realizados de buena fe, pues confiaba en que los beneficiarios eran maestros legítimos.
Sin embargo, este argumento fue desmentido por las pruebas, ya que no solo las víctimas de este fraude no eran docentes, sino que el pago a un docente preso fue completamente ilegal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tras revisar los hechos y las pruebas, concluyó que no había justificación para la conducta del abogado, quien no presentó los trámites legales correspondientes y no devolvió los recursos, a pesar de haber recibido los pagos irregulares.
La suspensión por tres años y la multa equivalente a la suma desviada fueron ratificadas tanto en primera como en segunda instancia.
El expediente dejó claro que el abogado, como profesional del derecho, debía haber identificado las irregularidades en los pagos y actuado conforme a la ley. La Comisión determinó que la conducta del abogado fue intencional y que su participación en el fraude fue evidente.
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