Más de 12.000 personas en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones a la movilidad por los paros armados que desde diciembre de 2025 imponen el autodenominado Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) bajo el mando de Calarcá Córdoba, en una crisis que la Defensoría del Pueblo calificó de humanitaria sostenida.
En Putumayo, las restricciones podrían afectar a más de 6.300 personas en Puerto Guzmán, incluyendo comunidades indígenas Nasa e Inga, y a más de 5.800 en Puerto Leguízamo, donde ocho comunidades Murui Muina y Coreguaje dependen del río para movilizarse y abastecerse. En Amazonas, 488 núcleos familiares con 1.706 personas de 14 comunidades del medio río Caquetá permanecen en confinamiento con escasez de alimentos y combustible, denunció la Defensoría.
La crisis amenaza además las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial ponen en riesgo la instalación de 12 mesas de votación en Puerto Leguizamo y 14 en Puerto Guzmán, según advirtió la estatal defensora de los derechos humanos.
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Esta semana circuló un audio que advirtió de un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán, que se suma a las restricciones ya existentes en el río Orteguaza y en el sector oriental de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde comunidades como Peñas Rojas, en el municipio de Solano, y los resguardos indígenas de Andoke de Aduche y Monochoa enfrentan riesgo extremo.
La Defensoría señaló que desde diciembre de 2025 ha emitido cinco oficios de consumación por confinamientos, enfrentamientos y restricciones a la movilidad, y que la Alerta Temprana 001 de 2025 ya había advertido sobre estos riesgos.
"Esta recurrencia evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis humanitaria sostenida", precisó el organismo.
La entidad exigió al Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías una "respuesta articulada" para proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales, asegurar el ingreso de ayuda humanitaria y adoptar medidas urgentes para garantizar las elecciones en las zonas rurales afectadas.
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